De camino a parar una cruda realidad, los desahucios

Parece que en esta batalla de lobos librada por el Partido Popular y el Partido Socialista suena la campana por primera vez para proclamar la paz,  relativa. Ambos partidos acuerdan pactar una reforma legal, a través de un decreto ley, con el objetivo de dar fin a los desahucios. Esta palabra, que tanto asusta, o al menos debería, ha dejado en la calle a casi 170.000 familias en tres años. Esta cifra escalofriante ha puesot en marcha a un gran número de personas, y como resultado se han creado diferentes asociaciones. Entre las más activas se encuentran STOP Desahucios y Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que luchan contra el desalojo de miles de hogares y buscan preservar los derechos fundamentales que están siendo vulnerados con este tipo de actividades, entre ellos, el derecho a una vivienda digna. Por otra parte, se pretende también regular la dación en pago, de tal forma que si el banco se agencia la vivienda, desaparezca la deuda, dando así una cierta protección a los más perjudicados.

Hasta ahora, este drama social había preocupado al Gobierno, pero no se habían llevado un conjunto de medidas favorables para este gran colectivo que se ve expoliado de sus casas. De hecho, se podría afirmar incluso que la Administración, a través de la moratoria ICO, no ha dado amparo, sino que ha puesto trabas a todas estas familias. Al alargar el plazo del pago obligatorio del 50% del importe de la hipoteca, se ha aplazado el problema e incluso se ha empeorado, ya que a través de esta medida se aumentan también los intereses en un 0’80% de media. Obviamente, los hay que salen beneficiados de tales situaciones. ¿Quiénes? Los bancos, que sacan beneficios tanto de los intereses como de las propiedades desahuciadas que se quedan. Sin duda alguna, estas entidades inscritas en un mundo en el que reina la ley de la oferta y la demanda, y es el mercado quien decide qué se produce, cómo y para quién; no se tiene en cuenta la situación particular de las familias. Personas, muchas de ellas en paro o con situaciones personales tremendamente graves, que llevan toda su vida intentando cubrir una hipoteca y que su casa es lo único que tienen.

Está siendo tal el desastre y la injusticia, que incluso se ha manifestado la Justicia europea.  Esta ha calificado la actual ley de desahucios española como ilegal, ya que atenta contra la protección los consumidores mediante cláusulas abusivas. Los ciudadanos están limitados e indefensos al enfrentarse a las grandes entidades bancarias, que además de responsables de la crisis económica actual, adquieren una actitud inmoral vendiendo un sistema insostenible a los ciudadanos más vulnerables.

Finalmente, parece que el Gobierno ha reaccionado, probablemente porque le haya hecho temblar el dato de que se están produciendo 532 desahucios diarios de media, que se producen de la siguiente manera, en lo que llevamos de trimestre. Así, el próximo lunes se realizará una reunión entre el PP y el PSOE  para llevar a cabo una propuesta normativa en la que se recojan medidas paliativas y preventivas.

La intención de ambos grupos políticos es crear un grupo técnico, formado por tres miembros expertos de cada partido, que mediante una reforma legal urgente consiga poner freno al problema de los desahucios. Esta reforma se hará mediante un decreto ley o un proyecto de ley, que deberá ser aprobado por el Parlamento con el procedimiento de urgencia. Esperemos que definitivamente, se consiga una mayor efectividad en este drama social que cada día afecta a más personas.

Por fin, una buena noticia.

Entrada por: Nerea Crespo

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